Las raíces de clase y políticas de la crisis de integración de los refugiados en los países escandinavos: Dinamarca como modelo

Una lectura crítica de izquierda ante el auge del discurso derechista anti-inmigrantes, y las obligaciones del Estado hacia sus residentes

Rezgar Akrawi

1. El marco crítico: ¿quién define la crisis y en beneficio de quién?

Este artículo es un llamado a la integración, pero no en el sentido que promueve el discurso dominante. Es un llamado a la integración entendida como un compromiso consciente y crítico en una sociedad que es un campo de lucha, y no como sometimiento a las condiciones de quienes ostentan el poder, ni como demostración de "inocencia cultural" ante quienes establecen las reglas del juego. Es al mismo tiempo un intento de exponer el marco ideológicamente viciado a través del cual se está enmarcando la crisis de integración en Dinamarca y los países escandinavos, tanto por la derecha como por el centroizquierda.

Un marco que diagnostica una crisis estructural con raíces de clase e históricas como un problema cultural o religioso, y carga al eslabón más débil con la responsabilidad de las contradicciones producidas por un sistema económico y político internacional del que Dinamarca lleva décadas beneficiándose y sigue beneficiándose.

La crisis de integración de los refugiados en Europa no puede comprenderse al margen del contexto que la produjo. Las grandes oleadas de desplazamiento no surgieron de la nada; fueron en gran parte consecuencia directa de guerras y destrucción sistemática que devastaron sociedades enteras. Esta destrucción continúa hoy: solo en Gaza, el número de víctimas de la agresión israelí desde octubre de 2023 ha superado los setenta y dos mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, mientras que cerca de dos millones han sido desplazados. En Sudán, Yemen y Siria, las guerras continúan generando oleada tras oleada de desplazamiento forzado. En febrero de 2026, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques militares contra Irán y, independientemente de la naturaleza reaccionaria y dictatorial del régimen iraní, esta agresión militar directa contra un Estado soberano consolida la lógica de la guerra y el militarismo como sustituto del derecho internacional, produciendo más víctimas civiles y poblaciones desplazadas.

Estas guerras y conflictos son en la mayoría de los casos encendidos o apoyados por alianzas de capital y fuerzas de derecha en Occidente y sus socios regionales. Es una ironía dolorosa que esas mismas fuerzas, que contribuyeron a destruir sociedades enteras, encabecen hoy la ofensiva contra los migrantes que ellas mismas crearon, retratándolos como una carga en lugar de como víctimas de las guerras que ellas mismas avivaron.

La cuestión de la integración ha dominado el paisaje político de los países escandinavos y gran parte de Europa durante décadas, y su intensidad se renueva con cada ciclo electoral. A pesar de las variaciones en el contexto nacional, estos países convergen en torno a desafíos similares: el auge del discurso derechista anti-inmigrantes, la deriva de los partidos de centroizquierda hacia posiciones más duras en materia de inmigración, y la ausencia de cualquier explicación estructural seria de las dificultades de integración que experimenta una minoría de recién llegados. Dinamarca destaca en este contexto como el modelo más intransigente actualmente en vigor, habiendo promulgado en los últimos años algunas de las leyes de inmigración e integración más estrictas del mundo occidental.

Este análisis toma a Dinamarca como modelo analítico no porque sea una excepción, sino porque encarna estas contradicciones con particular claridad, y porque resido aquí y sigo sus desarrollos de cerca, lo que me permite observar estas dinámicas desde dentro. La situación es en esencia general y aplicable a contextos comparables en otros países europeos con sistemas de bienestar avanzados.

2. Dinamarca ante el espejo: una responsabilidad que no se interroga

El debate en torno a la integración de los refugiados en Dinamarca rara vez plantea la pregunta más incómoda: ¿cuánta responsabilidad llevan Dinamarca y Occidente en términos más amplios por haber producido las mismas crisis que generaron a estos refugiados en primer lugar?

Dinamarca es un participante activo en un sistema internacional que durante décadas apoyó a regímenes autoritarios en todo el Sur Global, bajo los pretextos de la estabilidad regional, la lucha contra el terrorismo y la protección de los intereses del capital occidental. Fueron precisamente esos regímenes los que aplastaron la sociedad civil, impidieron cualquier forma de organización democrática o sindical independiente, participaron en guerras agresivas como las de Irak y Afganistán, y produjeron oleada tras oleada de refugiados. La arquitectura económica internacional de la que Dinamarca se beneficia como Estado capitalista avanzado perpetúa la desigualdad estructural entre el Norte y el Sur y cierra la posibilidad de un desarrollo independiente para estas sociedades.

Esto no es meramente una responsabilidad moral abstracta. Es una parte integral de cualquier análisis material serio de la crisis de integración. Quienes preguntan hoy "¿por qué esta gente no se integra?" deben preguntarse simultáneamente "¿por qué huyeron?" y "¿quién ayudó a construir los sistemas que los obligaron a huir?". La respuesta a esa segunda pregunta no exime a nadie de sus responsabilidades individuales, pero sitúa la crisis en su genuino contexto de clase e histórico, en lugar de reducirla a las características culturales o religiosas de quienes llegaron.

3. Nota para el lector: el panorama partidario danés

El panorama político danés está dividido en dos bloques principales.

El bloque azul de derecha incluye Venstre (el Partido Liberal), el partido históricamente liberal, y Dansk Folkeparti (el Partido del Pueblo Danés), el partido nacional-populista que desde principios de los años 2000 ha establecido un discurso anti-inmigración que se convirtió en el punto de referencia de la competencia política en el país, empujando todo el panorama político hacia la derecha en esta cuestión. También forman parte de este bloque Liberal Alliance y Det Konservative Folkeparti (el Partido del Pueblo Conservador).

El bloque rojo de izquierda incluye Socialdemokratiet (los Socialdemócratas), que representa un llamativo ejemplo de deriva de la izquierda hacia la derecha en materia de inmigración. A pesar de su identificación histórica con la socialdemocracia, ha liderado gobiernos que aprobaron algunas de las leyes de inmigración más restrictivas de la historia danesa. Socialistisk Folkeparti (el Partido Popular Socialista) ocupa una posición centrista dentro de este bloque.

Enhedslisten (la Alianza Rojo-Verde) es la voz más claramente de izquierda en el parlamento en el rechazo al racismo hacia los migrantes y en la exigencia de políticas de integración basadas en los convenios internacionales de derechos humanos. Sin embargo, esta claridad no oculta contradicciones fundamentales: sus posiciones en política exterior y armamento la han alejado de la oposición socialista tradicional a la guerra y al militarismo; ha apoyado el aumento del gasto en defensa a expensas del bienestar social; y ha propuesto ampliar el servicio militar obligatorio para incluir a las mujeres en lugar de exigir su abolición. Estos cambios han suscitado reservas explícitas por parte de las fuerzas de la izquierda radical sobre considerarla una opción de izquierda fiable, aunque sigue siendo, en materia de derechos sociales e integración, la mejor opción disponible dentro del actual panorama parlamentario.

Fuera de estos bloques parlamentarios, los partidos y organizaciones de izquierda radical sin representación parlamentaria siguen siendo activos e importantes en el panorama político danés: partidos comunistas de diversas orientaciones, organizaciones socialistas revolucionarias, movimientos anarquistas y corrientes sindicales independientes. Estas fuerzas, ya sea dentro o fuera del parlamento, constituyen la principal fuerza impulsora en la defensa de los logros sociales y la resistencia al discurso derechista anti-inmigrantes.

Este panorama partidario no es simplemente un mapa organizativo. Es clave para comprender la naturaleza del debate en torno a la inmigración y la integración en el contexto de la competencia política en curso. En este contexto de intensificada contienda entre los dos bloques, la cuestión de los refugiados y la integración vuelve al centro del debate político con considerable peso, siendo a menudo retratada como una amenaza fundamental para la cohesión y el futuro de la sociedad danesa.

La mayoría de los partidos, incluidos algunos del bloque de centroizquierda, tienden a explicar el éxito o el fracaso de la integración a través de factores culturales, religiosos o étnicos. Estos factores desempeñan sin duda algún papel en ciertos aspectos de la integración, pero su impacto sigue siendo limitado e insuficiente para explicar el fenómeno en su núcleo. En lugar de tratar la integración como un proceso social e histórico complejo moldeado por fuerzas estructurales, psicológicas y económicas, se la reduce a eslóganes culturales y religiosos simplificados desplegados para generar miedo y movilizar a los votantes, con un efecto negativo directo sobre el proceso de integración mismo.

Es necesario distinguir aquí entre dos versiones de los "valores daneses": los valores auténticos arraigados en principios de ciudadanía, igualdad y dignidad humana consagrados en la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y los "valores daneses" promovidos por la derecha bajo el estandarte de la "identidad nacional", arraigados en esencia en la intolerancia, el racismo, la discriminación y la supremacía nacionalista. Este discurso se traduce en la práctica en el tratamiento de los residentes con antecedentes de inmigración — primera y segunda generación por igual, nacidos y criados en Dinamarca — como sospechosos perpetuos obligados a probar su inocencia por razón de su origen religioso o nacional, a pesar de que la abrumadora mayoría de ellos trabajan, contribuyen y se integran activamente en la sociedad danesa.

Una pregunta más profunda rara vez se plantea en el debate público, ni por el bloque azul ni por la mayoría de los partidos del bloque rojo: ¿qué significa el Estado para quienes han pasado una parte significativa de su vida bajo un Estado que reprime y saquea? ¿Y cómo podría esa experiencia arraigada moldear su relación con cualquier otro Estado? Esto no se limita únicamente a la primera generación. La imagen del Estado puede transmitirse indirectamente a la segunda generación nacida en Dinamarca, a través del lenguaje cotidiano en el hogar, a través de la forma en que se habla de las instituciones, la autoridad y la ley. Un niño que crece en un entorno que considera al Estado con desconfianza y miedo puede heredar esa visión antes de formarse su propia experiencia con él, haciendo del tratamiento de esta dimensión psicológica e histórica una necesidad que abarca generaciones, y no meramente individuos.

4. El Estado tal como lo conocieron: un aparato de represión, no una institución pública

Muchos refugiados que llegan de Oriente Medio y de partes de Asia y África han pasado la mayor parte de su vida bajo Estados autoritarios y corruptos. Para ellos, el Estado no era una institución pública al servicio de la sociedad y protectora de los derechos de sus miembros. En su experiencia cotidiana, era un aparato de poder represivo que operaba en gran medida en interés de una élite estrecha a expensas de la sociedad en su conjunto, vinculado a la corrupción sistemática, los sobornos, los servicios de seguridad que dominaban la vida pública y una burocracia sin ninguna rendición de cuentas ante mandato popular alguno. Era en la mayoría de los casos una autoridad no elegida, o que recurría a elecciones simuladas que funcionaban meramente como una fachada para legitimar un poder preexistente, tratando a las personas como súbditos obedientes en lugar de ciudadanos con derechos.

Esta experiencia arraigada con las elecciones falsificadas, o su completa ausencia, explica una parte significativa de lo que reflejan las estadísticas en las democracias escandinavas: tasas más bajas de participación electoral entre los residentes daneses de origen extranjero en comparación con los ciudadanos nativos. La participación en las elecciones no es un comportamiento innato; es una práctica adquirida construida sobre una confianza profundamente arraigada de que el voto de uno marca genuinamente una diferencia. Quienes solo han conocido urnas que no cambian nada, o que se utilizan para falsificar la voluntad del pueblo, necesitan tiempo y experiencia tangible para estar convencidos de que aquí las cosas son diferentes.

Estos Estados autoritarios no surgieron del vacío. El papel de las potencias occidentales, incluida Dinamarca, en su sostenimiento ha sido abordado en la sección anterior. Lo que merece añadirse aquí es la dimensión psicológica acumulada: muchos refugiados no llevan consigo únicamente una experiencia política con el Estado autoritario, sino también traumas de guerra, desplazamiento y persecución que proyectan sombras profundas sobre su capacidad de confiar en cualquier institución independientemente de su naturaleza. Esta dimensión psicológica no puede abordarse únicamente a través de la explicación institucional; requiere un apoyo especializado que debe ser parte integral de cualquier política de integración seria.

En tales sistemas represivos y corruptos, se vuelve completamente natural que las personas intenten sortear al Estado en lugar de cooperar con él: evitar los procedimientos oficiales, evadir las leyes y los impuestos, buscar formas informales de realizar transacciones, y depender de redes personales, familiares y regionales en lugar de instituciones públicas en las que nadie tiene confianza. Este no es un rasgo heredado culturalmente en ningún sentido esencialista. Es en gran parte el resultado lógico de una larga y heredada experiencia histórica con un Estado que sistemáticamente reprimió y saqueó a la sociedad en lugar de servirla.

5. El Estado de bienestar: un modelo nacido de la lucha de clases

Cuando estos refugiados llegan a Dinamarca, se encuentran con un modelo completamente diferente de todo lo que han conocido. A pesar de que el Estado moderno sigue siendo en última instancia parte de una estructura social estratificada por clases dentro del capitalismo, el Estado danés, y los Estados escandinavos en términos más amplios, está construido sobre instituciones democráticas, elecciones libres e independientes, una transparencia institucional relativamente alta, y reglas jurídicas aplicadas con un grado considerable de igualdad a todos independientemente de su origen o riqueza. Este es un modelo que no guarda ninguna comparación con lo que vivieron en sus países de origen.

Reconocer estos logros no significa pasar por alto el carácter de clase del Estado danés. Es un Estado capitalista que opera dentro de un sistema económico que concentra la riqueza y reproduce la desigualdad social. La educación pública gratuita, la atención sanitaria universal, el sistema de seguridad social y las leyes de protección laboral no nacieron con el Estado danés. Fueron arrancados a través de décadas de lucha social y organizativa entre los trabajadores y el capital, y nunca fueron una concesión voluntaria de la clase dominante. El modelo escandinavo, el Estado de bienestar, ha experimentado un marcado retroceso desde los años noventa, cuando los partidos socialdemócratas derivaron hacia el centro liberal, abandonando gradualmente las prioridades que construyeron este modelo en favor de gestionar el capitalismo en lugar de desafiarlo.

Estos logros no están permanentemente asegurados. Son siempre vulnerables a la erosión cada vez que los movimientos de izquierda y sindical se debilitan y su presencia en la esfera pública retrocede. La historia del capitalismo demuestra que el capital no renuncia voluntariamente a lo que le fue arrebatado, y que todo retroceso en el poder de la organización colectiva abre una ventana para la reducción renovada de estos derechos bajo pretextos nuevos. La preservación y el desarrollo de estos logros dependen en cada generación de la vigilancia de los movimientos de izquierda y progresistas y de la continuidad de su organización y participación política activa.

Cuando se le dice a un migrante o refugiado que el Estado aquí es "diferente," esa afirmación sigue siendo abstracta a menos que vaya acompañada del contexto histórico que produjo esta diferencia: movimientos obreros organizados, huelgas y protestas, negociación colectiva, y lucha política que se extendió durante generaciones antes de llegar a este nivel de derechos sociales.

Este Estado también está fundado en un sistema jurídico basado en principios de derechos humanos, que incluye una amplia igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la separación de la religión del Estado, la protección de los derechos de los niños, y el derecho de todos los ciudadanos y residentes a la educación, la atención sanitaria y la dignidad humana independientemente de su estatus social o económico. Para muchos refugiados que llegan de sociedades donde estos derechos carecen de protección jurídica adecuada, comprender estas reglas y su lógica no es meramente una cuestión de adaptación cultural. Es una parte fundamental de comprender la naturaleza del propio Estado democrático y laico y cómo funciona.

Una consecuencia notable de este marco es que las mujeres migrantes que llegan de entornos donde las mujeres enfrentan discriminación jurídica y severas restricciones sociales se encuentran ante un sistema de derechos que ofrece una protección más amplia en materia de empleo, educación, divorcio, custodia y libertad de movimiento, y a menudo descubren por primera vez derechos legales de los que habían sido privadas.

La abrumadora mayoría de los refugiados se adapta gradualmente a este modelo y se compromete con él de manera positiva y efectiva. Aprenden a confiar en las instituciones públicas, entran en el mercado laboral, pagan impuestos, participan en la vida comunitaria y crían a sus hijos dentro de este sistema. Muchos se han convertido en contribuyentes activos en todos los sectores de la sociedad danesa, incluidos sectores económicos vitales como la atención sanitaria, los servicios, el transporte, la construcción y las industrias alimentarias, sectores que han llegado a depender fundamentalmente de esta fuerza laboral, sin la cual los servicios esenciales utilizados por toda la sociedad dejarían de funcionar. Esta genuina contribución económica rara vez encuentra su camino en el debate político público, que está obsesionado con los aspectos negativos, pero merece reconocimiento y reconocimiento en lugar de negligencia.

También debe señalarse que la integración en el mercado laboral no está impedida únicamente por barreras del lado de los propios migrantes. La investigación demuestra la existencia de una discriminación estructural genuina: los solicitantes con nombres de sonido extranjero son rechazados a tasas más altas que sus homólogos con nombres daneses, independientemente de sus calificaciones. Este es un sesgo sistémico dentro del mercado laboral capitalista, y abordarlo requiere legislación estricta y presión sindical organizada.

Existe, sin embargo, una pequeña minoría que permanece durante períodos más prolongados en las garras de su experiencia previa con el Estado y la herencia patriarcal autoritaria, comprometiéndose con el sistema danés a través de la lógica de lo que estaban acostumbrados en su país de origen: recurriendo al trabajo informal, intentando eludir las leyes, dependiendo de redes informales en lugar de instituciones públicas, o intentando imponer restricciones a las mujeres y los niños dentro de la familia que entran en conflicto con el marco de derechos garantizado por la ley danesa a todos. En algunos casos el problema no es únicamente la relación con el Estado, sino la presión de la comunidad, la secta y la religión que forma una autoridad paralela que compite con las instituciones públicas e impone a los individuos el cumplimiento de normas que contradicen este marco de derechos. Esta autoridad colectiva paralela requiere un tratamiento independiente que la sola explicación institucional no puede abordar.

6. Las políticas de integración y el problema de la comprensión del Estado

Los fracasos de integración de esta minoría se explican típicamente en el discurso político dominante como un problema cultural o religioso fundamental que requiere más restricciones, más pruebas y más condiciones. La explicación más precisa y realista es que, en muchos casos, el problema es una difícil transición desde una percepción arraigada del Estado como aparato de represión y corrupción hacia una percepción fundamentalmente diferente que lo ve como una institución de solidaridad social digna de confianza y participación. Quienes llegan de experiencias autoritarias necesitan tiempo e inversión genuina para comprender que la relación entre la sociedad y el Estado en Dinamarca opera sobre principios completamente diferentes de los que vivieron.

Las actuales políticas de integración danesas no abordan adecuadamente esta dimensión central. En lugar de centrarse en explicar la naturaleza de las instituciones estatales, cómo funcionan y la historia de lucha que las produjo, los últimos años han visto la acumulación, bajo la presión escalante de la derecha y la extrema derecha, de políticas de integración orientadas hacia el endurecimiento de las leyes, la ampliación de las pruebas de valores y la imposición de restricciones crecientes sobre la residencia y ciertos derechos sociales. Políticas basadas en el supuesto de que el refugiado es en general un problema que debe contenerse y gestionarse, en lugar de un ser humano que lleva una experiencia histórica compleja que merece una comprensión y un compromiso serios.

Este enfoque no solo no logra la integración. Puede reforzar en algunos refugiados la antigua imagen del Estado como una fuerza hostil que les acecha, lo cual es precisamente lo contrario de lo que las políticas de integración declaradas afirman buscar.

La integración genuina requiere una explicación clara de cómo funcionan las instituciones estatales basadas en la ciudadanía, la relación orgánica entre la tributación y los servicios públicos, y el papel de los sindicatos y el derecho laboral en la protección de los trabajadores. Aprender el idioma es sin duda necesario, pero es insuficiente por sí solo para comprender la sociedad. Comprender el Estado y sus instituciones, y comprender la relación entre los derechos sociales y las obligaciones compartidas, no es menos importante que la capacidad de hablar danés.

7. Participación en la solidaridad social

Entre los conceptos más necesitados de reformulación en el contexto de la integración está el trabajo informal, conocido en Dinamarca como "sort arbejde", o trabajo en negro. En algunos países, trabajar sin registro ni pago de impuestos se considera una necesidad natural para la supervivencia, y a veces se ve como una forma de resistencia contra un Estado corrupto que no merece ser financiado. Esta lógica es históricamente comprensible en el contexto de sistemas autoritarios que confiscan los ingresos fiscales en beneficio de los gobernantes en lugar del servicio a la sociedad.

Sin embargo, hay una paradoja flagrante que no puede ignorarse: los propios propietarios del capital danés recurren a la evasión fiscal y al trabajo informal a través de métodos mucho más sofisticados y enormemente más amplios, paraísos fiscales offshore, empresas fantasma y lagunas legales elaboradas a su medida. Concentrar la crítica pública y política en las prácticas de una minoría de migrantes mientras se ignora la evasión fiscal de la clase capitalista es un despliegue político claro destinado a desviar la atención de las contradicciones estructurales del sistema y a cargar al eslabón más débil con la responsabilidad de crisis que no creó.

No obstante, en un país como Dinamarca que depende de un sistema fiscal progresivo negociado colectivamente, asegurado mediante la lucha y protegido mediante la organización, para financiar los servicios públicos, el trabajo informal significa minar un sistema de solidaridad social construido a lo largo de generaciones. Cada impuesto pagado aquí va a escuelas, hospitales, infraestructuras y el sistema de seguridad social del que todos se benefician. Cuando una persona comprende esta conexión orgánica entre lo que contribuye y lo que recibe la sociedad, pagar impuestos se convierte en un acto de participación voluntaria en un marco de solidaridad social en lugar de sumisión a una autoridad externa.

Lo mismo se aplica a los intentos de eludir las leyes. En los sistemas autoritarios, las personas pueden ver la elusión del Estado como una legítima defensa; en una sociedad construida sobre instituciones públicas compartidas, tales prácticas debilitan la confianza mutua y reducen los recursos de los que dependen los servicios públicos. La misma lógica se aplica a la presentación falsa de enfermedades para recibir prestaciones sociales a las que no se tiene derecho: estas prestaciones están financiadas por los impuestos de los trabajadores, manuales e intelectuales, que construyeron este sistema a través de décadas de lucha colectiva. Defraudarlas daña la solidaridad social de la que todos se benefician, incluidos los propios refugiados.

Lo más peligroso es que estas prácticas erróneas, aunque llevadas a cabo por una pequeña minoría, proporcionan a la derecha y a la extrema derecha un pretexto de oro para retratar a todos los migrantes como una carga para la sociedad, desplegado en última instancia para justificar el desmantelamiento de los logros sociales que afectan a todos sin excepción. Esto por sí solo es razón suficiente para que los propios refugiados sean los defensores más vigilantes de estos logros.

8. La integración genuina: una responsabilidad compartida, con la mayor parte en manos del Estado

Las políticas de integración pueden incluir ejemplos prácticos y directos que acerquen estos conceptos a la realidad cotidiana: explicar cómo se financian las escuelas y los hospitales mediante la tributación, cómo los trabajadores obtienen sus derechos a través de contratos laborales formales y sindicatos, y cómo las leyes protegen a los trabajadores cuando su empleo está registrado. Esta comprensión puede reforzarse alentando la participación de los refugiados en la vida política, cívica y sindical, y en las asociaciones locales y las actividades comunitarias. Cuando las personas ven cómo funcionan las instituciones democráticas en la vida diaria, y cómo los movimientos laborales, sindicales y sociales han asegurado amplios derechos sociales mediante la organización colectiva, la integración se convierte en un proceso social genuino en lugar de una obligación administrativa o una prueba de valores impuesta desde fuera por el Estado.

La integración es una responsabilidad compartida, pero la distribución de esa responsabilidad no puede ser igual. El Estado, a través de sus instituciones y a través de los medios de comunicación, lleva la mayor parte, porque posee las herramientas, los recursos y la autoridad necesarios para moldear las políticas y la conciencia pública. Esta responsabilidad no es un favor ni una opción política abierta a negociación; es una obligación jurídica que surge de los convenios internacionales de derechos humanos que Dinamarca ha ratificado, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados. Estos instrumentos obligan explícitamente al Estado a garantizar los derechos de todos los individuos que residen en su territorio independientemente de su origen o nacionalidad, prohíben la discriminación en los derechos fundamentales y exigen la provisión de condiciones que permitan a cada persona participar plenamente en la vida social.

El Estado debe invertir en explicar la naturaleza de sus instituciones y la historia de lucha que las produjo, en lugar de contentarse con imponer pruebas de valores y endurecer las leyes. Cuando endurece las condiciones de residencia y estrecha los derechos sociales bajo la presión del discurso derechista, no está cometiendo únicamente un error político. Está violando convenios internacionales que firmó voluntariamente y ante la comunidad internacional.

Las instituciones mediáticas llevan una responsabilidad independiente y de peso. En una sociedad democrática, los medios de comunicación no son un vehículo neutral de eventos. Son creadores de conciencia pública y modeladores de percepciones colectivas. Cuando eligen amplificar las prácticas de una minoría marginal de migrantes y convertirlas en un estereotipo general, contribuyen activamente a producir un entorno social hostil que obstaculiza la integración y alimenta la discriminación que los mismos convenios internacionales prohíben. Su deber es destacar las muchas dimensiones positivas del trayecto de integración y documentar la genuina contribución de los migrantes a la economía y la sociedad, no por razones morales abstractas, sino porque el equilibrio en la representación mediática es una condición de la vida democrática saludable.

La pequeña minoría de refugiados que continúa viendo al Estado a través del prisma de su experiencia previa necesita emprender un genuino reexamen de esa imagen. El Estado en Dinamarca, a pesar de sus deficiencias y las contradicciones de clase que no pueden negarse, es una institución pública que garantiza los derechos fundamentales, proporciona amplios servicios sociales y defiende la ley para todos. Está vinculado por convenios internacionales que convierten la dignidad humana en un derecho inalienable en lugar de un favor concedido o un privilegio ganado. Lo que se ha dicho anteriormente sobre la relación entre la tributación, la solidaridad social y la historia de lucha que produjo este sistema se aplica aquí plenamente: exigir los derechos completos de ciudadanía garantizados por los convenios internacionales requiere simultáneamente un compromiso con las obligaciones que preservan estos derechos y los protegen para las generaciones futuras.

9. Participación política: un deber democrático y una lucha que no termina en las urnas

Esto no es un llamado normativo para que los migrantes se alineen con ningún bloque político, sino un intento de analizar lo que la desvinculación política produce estructuralmente en un contexto completamente diferente del que la causó. Entre los hallazgos más llamativos de este análisis está que la desvinculación electoral entre los residentes daneses de origen extranjero no es un fenómeno aleatorio. Es en gran parte el resultado lógico de una experiencia histórica con un Estado que robaba votos en lugar de respetarlos. Sin embargo, la continuación de esta desvinculación en un contexto completamente diferente significa dejar el campo abierto a voces que moldean las políticas a expensas de quienes estuvieron ausentes, alimentando un discurso que retrata a los migrantes como una carga en lugar de socios, y que en última instancia se despliega para justificar el desmantelamiento de los logros sociales de los que todos se benefician.

El panorama parlamentario actual no ofrece una opción de izquierda radical independiente, una realidad que debe reconocerse sin evasión. Lo que ofrece es una apuesta táctica: apoyar a las fuerzas más comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores y con la confrontación del discurso racista, manteniendo al mismo tiempo una responsabilización continua por sus contradicciones fundamentales, en particular su deriva hacia el aumento del gasto en defensa que drena recursos del sistema de bienestar. El voto en este contexto no es una declaración de lealtad. Es una herramienta de presión dentro de una ecuación más amplia.

Esto nos lleva a algo más profundo que las urnas. Los logros sociales que distinguen a Dinamarca no se hicieron en las cámaras parlamentarias; fueron extraídos desde fuera de ellas: a través de huelgas, organización sindical, presión popular sostenida y movimientos sociales que se negaron a aceptar lo que se les ofrecía. Quienes vivieron bajo un Estado que aplastó su organización y confiscó su voz ahora poseen una rara doble oportunidad: emitir un voto en un proceso electoral que marca una diferencia genuina, y comprometerse en la organización sindical y comunitaria colectiva que históricamente produjo esa diferencia. Comprometerse en ambas simultáneamente no es una opción ideal. Es el único camino realista hacia una sociedad más justa para todos los que viven en ella.

10. Conclusión: integración crítica, no rendición

Hay una pregunta que no puede evitarse: ¿cómo llamamos a los migrantes a integrarse en una sociedad que describimos simultáneamente como dividida por clases y capitalista? La respuesta es que esta sociedad, a pesar de su carácter de clase, no es ni un todo homogéneo ni un bloque monolítico. Es un campo de lucha viva en el que los trabajadores, manuales e intelectuales, y la izquierda han asegurado durante generaciones genuinos derechos sociales, y esta lucha sigue abierta, sus resultados aún moldeados por quién participa y quién se ausenta.

Pero este compromiso no significa aceptar las condiciones existentes tal como son. El sistema danés que se presenta como modelo de integración es el mismo sistema que reproduce la discriminación estructural en el mercado laboral, financia el aumento de la militarización a expensas del sistema de bienestar, y conduce una política exterior que continúa apoyando lo que se llama estabilidad regional, que en la mayoría de los casos no significa nada más que la estabilidad de los regímenes represivos que produjeron refugiados en primer lugar. La integración crítica y consciente no es disolución en este sistema. Es un compromiso con sus contradicciones a través de las herramientas de la organización colectiva, y un rechazo del marco que retrata al migrante como un huésped obligado a ser agradecido en lugar de un ciudadano pleno con derechos y responsabilidades.

Es precisamente aquí donde el proyecto de integración se encuentra con el proyecto de lucha socialista en una encrucijada fundamental: ambos rechazan la división de los residentes de un país en jerarquías, y ambos exigen una ciudadanía sustantiva en lugar de formal para todos los que viven en esta tierra, trabajan en ella y contribuyen a construirla. El migrante que paga sus impuestos, se une a su sindicato y participa en la vida política no solo adquiere herramientas de autodefensa. Se convierte en un socio activo en la lucha más amplia por la alternativa socialista y por la ampliación del círculo de derechos para incluir a todos, en lugar de estrecharlo por motivos de origen, nacionalidad o religión.

Desde esta perspectiva, cada paso hacia la integración genuina es simultáneamente un paso hacia el fortalecimiento de la izquierda social y el debilitamiento del discurso derechista que alimenta sus contradicciones fragmentando a la clase trabajadora a lo largo de líneas raciales y culturales. El capital no teme nada más que una clase trabajadora unificada, diversa en origen y unida en sus demandas, y esto es precisamente lo que hace que el discurso anti-inmigrante sea un instrumento de clase en su núcleo, al servicio de quienes poseen en lugar de quienes trabajan.

La sociedad más justa que busca la izquierda no puede construirse tolerando ciudadanos de segunda clase, ni dispensando la dignidad humana en dosis medidas calibradas por origen, religión o fecha de llegada. Es una sociedad que reconoce solo una ciudadanía plena para todos los que viven en esta tierra, trabajan en ella y contribuyen a construirla, ya hayan nacido aquí o llegado huyendo de guerras encendidas por quienes hoy exigen que demuestren su merecimiento para quedarse. La integración crítica y consciente no es una concesión de este objetivo, ni un compromiso de sus principios. Es uno de sus caminos vivos, y entre los más urgentes en un momento en que el racismo está en ascenso y los logros sociales están en retroceso. Quienes no luchan por los derechos de todos no están, en verdad, luchando por nadie.