Las raíces de clase y políticas de la crisis de integración de los refugiados en los países escandinavos: Dinamarca como modelo

Las raíces de clase y políticas de la crisis de integración de los refugiados en los países escandinavos: Dinamarca como modelo

La integración es una responsabilidad compartida: una lectura crítica de izquierda ante el auge del discurso derechista anti-inmigrantes, la problemática de la comprensión del Estado, y ciertas prácticas erróneas de una minoría de migrantes

Rezgar Akrawi

La crisis de integración de los refugiados en Europa no puede comprenderse al margen del contexto que la produjo. Las grandes oleadas de refugiados no surgieron en el vacío; son en su mayoría consecuencia directa de guerras y de una destrucción sistemática que ha arrasado sociedades enteras. Esta destrucción continúa hoy: solo en Gaza, el número de víctimas de la agresión israelí desde octubre de 2023 ha superado los setenta y dos mil palestinos, en su mayoría niños y mujeres, mientras que cerca de dos millones de personas han sido desplazadas. En Sudán, Yemen y Siria, las guerras siguen produciendo oleadas incesantes de desplazamiento. En febrero de 2026, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques militares contra Irán; independientemente de la naturaleza del régimen iraní dictatorial y reaccionario, esta agresión militar directa contra un Estado soberano consolida la lógica de la guerra y el militarismo como sustituto del derecho internacional, y produce más víctimas civiles y desplazados. Estas guerras y conflictos son encendidos o apoyados, la mayoría de las veces, por alianzas entre el capital y las fuerzas de derecha en Occidente y sus aliados regionales. Es profundamente paradójico que esas mismas fuerzas que contribuyeron a destruir sociedades enteras sean hoy las que enarbolan la bandera de la hostilidad hacia los migrantes y los retratan como una carga en lugar de como víctimas de las guerras que ellas mismas encendieron.

La cuestión de la integración ocupa el primer plano de la escena política en los países escandinavos y en algunos países del norte de Europa desde hace décadas, y su virulencia se renueva con cada temporada electoral. A pesar de la diversidad de los contextos nacionales, estos países coinciden en enfrentarse a problemáticas similares: el auge del discurso derechista anti-inmigrantes, el deslizamiento de los partidos de centroizquierda hacia posiciones más rígidas en el expediente de la inmigración, y la ausencia de una explicación estructural seria de las causas del fracaso de integración de una minoría de recién llegados. Dinamarca se distingue en este contexto como el modelo más rígido actualmente, habiendo adoptado en los últimos años algunas de las leyes de inmigración e integración más severas del mundo occidental. Esta lectura toma a Dinamarca como modelo analítico, no porque constituya una excepción — pues encarna estas contradicciones con una claridad llamativa —, sino también porque resido allí y sigo sus desarrollos de cerca, lo que me permite observar estas problemáticas desde dentro. La situación es, en su esencia, general y aplicable a contextos similares en otros países europeos dotados de sistemas avanzados de protección social.

Nota al lector: el panorama partidario danés

El panorama político danés se divide en dos bloques principales. El bloque azul de derecha comprende el partido Venstre (el partido liberal histórico), el Partido del Pueblo Danés Dansk Folkeparti (populista nacionalista), que ha establecido desde comienzos del milenio un discurso hostil a la inmigración convertido en referencia para la competencia política en el país y ha empujado todo el panorama político hacia la derecha en esta cuestión, además de Liberal Alliance y los conservadores Det Konservative Folkeparti.

El bloque rojo de izquierda comprende el partido socialdemócrata Socialdemokratiet, que representa un ejemplo flagrante del deslizamiento de la izquierda hacia la derecha en el expediente de la inmigración, habiendo liderado gobiernos que aprobaron algunas de las leyes de inmigración más severas de la historia de Dinamarca pese a su pertenencia histórica a la izquierda social. El Partido del Pueblo Socialista Socialistisk Folkeparti ocupa una posición centrista.

La Enhedslisten — Red-Green Alliance representa el ala izquierda más explícita a nivel parlamentario en su rechazo del racismo hacia los migrantes y su reivindicación de políticas de integración basadas en los convenios internacionales de derechos humanos. Sin embargo, esta claridad no oculta contradicciones fundamentales: sus posiciones en materia de política exterior y armamento la han alejado de la posición socialista tradicional contraria a la guerra y al militarismo; ha apoyado un gasto de defensa creciente a expensas de la protección social, e incluso ha propuesto ampliar el servicio militar obligatorio a las mujeres en lugar de reclamar su abolición. Estas evoluciones han llevado a las fuerzas de la izquierda radical a expresar reservas explícitas sobre considerarla una opción de izquierda fiable, aunque sigue siendo, en el expediente de los derechos sociales y la integración, la mejor opción que ofrece el panorama parlamentario actual.

Fuera de estos bloques parlamentarios, partidos y organizaciones de izquierda radical están activos en Dinamarca sin contar con representación parlamentaria, pero constituyen una parte viva e importante del panorama de izquierda: los partidos comunistas en sus diversas orientaciones, las organizaciones socialistas revolucionarias, los movimientos anarquistas y los sindicatos independientes. Estas fuerzas, ya actúen desde dentro o desde fuera del parlamento, constituyen la principal fuente de presión para la preservación de los logros sociales y la resistencia al discurso derechista anti-inmigrantes.

Esta distribución partidaria no es un simple mapa organizativo; es la clave para comprender la naturaleza del debate en curso sobre la inmigración y la integración en la actual campaña electoral que precede a las elecciones legislativas previstas para el 24 de marzo de 2026. En plena campaña, en un contexto de viva competencia entre los dos bloques, la cuestión de los refugiados y la integración vuelve al primer plano del debate político con un peso notable, como si se presentara como una de las problemáticas fundamentales que amenazan la cohesión y el futuro de la sociedad danesa.

La mayoría de los partidos, incluidos algunos de centroizquierda, tienden a explicar el éxito o el fracaso de la integración a través de factores culturales, religiosos o étnicos. Estos factores desempeñan sin duda algún papel en ciertos aspectos de la integración, pero su impacto sigue siendo limitado e insuficiente para explicar el fenómeno en su esencia. En lugar de tratar la integración como un proceso social e histórico complejo en el que se entrelazan factores estructurales, psicológicos y económicos, se la reduce a eslóganes culturales y religiosos simplificados, utilizados para avivar el miedo y movilizar a los electores, con los efectos negativos directos que ello acarrea sobre el propio proceso de integración.

Es indispensable distinguir aquí entre dos tipos de «valores daneses»: los valores auténticos basados en los principios de ciudadanía, igualdad y dignidad humana consagrados por la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos, y los «valores daneses» promovidos por la derecha bajo el nombre de «identidad nacional», basados en su esencia en la intolerancia, el racismo, la discriminación y el chauvinismo nacional. Este discurso conduce en la práctica a tratar a los habitantes del país de origen inmigrante — primera y segunda generación nacidas y criadas en Dinamarca — como acusados obligados a probar continuamente su inocencia debido a su pertenencia religiosa o nacional, aunque la gran mayoría de ellos trabaja, contribuye y se integra efectivamente en la sociedad danesa. Algunos de estos discursos van más allá de los valores de derechos garantizados por la Constitución danesa y los convenios internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, una pregunta más profunda rara vez se plantea en el debate público — ni por el bloque azul, ni por la mayoría de los partidos del bloque rojo —: ¿qué significa el Estado en la mente de quienes han vivido gran parte de su vida bajo un Estado que reprime y saquea? ¿Y cómo puede esa experiencia profundamente arraigada influir en su relación con cualquier otro Estado? La cuestión no se limita a la primera generación, pues esta imagen del Estado puede transmitirse indirectamente a la segunda generación nacida en Dinamarca, a través del lenguaje cotidiano en el hogar y la forma de hablar de las instituciones, la autoridad y la ley. El niño que crece en un entorno que mira al Estado con desconfianza y miedo puede heredar esta visión antes incluso de tener su propia experiencia con él, lo que hace del tratamiento de esta dimensión psicológica e histórica una necesidad que afecta a las generaciones, y no solo a los individuos.

El Estado tal como lo conocieron: un aparato de represión, no una institución de servicio

Muchos refugiados procedentes de Oriente Medio y de algunas regiones de Asia y África han vivido la mayor parte de su vida bajo Estados autoritarios y corruptos. Para ellos, el Estado no era una institución pública al servicio de la sociedad que protegiera los derechos de sus miembros. En su experiencia cotidiana, era un aparato de poder represivo que funcionaba generalmente en beneficio de una élite estrecha a expensas de la sociedad en su conjunto, asociado a la corrupción sistémica, los sobornos, los aparatos de seguridad que dominaban la vida pública y una burocracia no sometida a rendición de cuentas popular. Era la mayoría de las veces un poder no elegido, o que recurría a elecciones ficticias y fraudulentas que no eran más que una fachada para legitimar un poder ya existente, y que trataba a las personas como súbditos sometidos en lugar de como ciudadanos con derechos.

Esta experiencia profundamente arraigada con las elecciones amañadas — o con su total ausencia — explica en parte lo que reflejan las estadísticas en las democracias escandinavas: la baja tasa de participación electoral entre los daneses de origen extranjero en comparación con los ciudadanos autóctonos. La participación en las elecciones no es un comportamiento innato; es una práctica adquirida que se construye sobre una confianza profunda en que la voz del individuo marca una diferencia real. Quien no ha conocido en su vida más que urnas que no cambian nada, o que sirven para falsificar la voluntad del pueblo, necesita tiempo y una experiencia concreta para convencerse de que aquí las cosas son diferentes.

Más importante aún, estos Estados, en muchos casos, no nacieron en el vacío. Se formaron y consolidaron el poder a través de una alianza estrecha entre los dirigentes políticos y las élites capitalistas locales y mundiales que se benefician de ellos. Son Estados que frecuentemente han recibido apoyo político, militar y financiero de potencias occidentales — incluida Dinamarca — bajo el pretexto de la estabilidad regional y la lucha contra el extremismo, mientras aplastaban la sociedad civil e impedían cualquier forma de organización democrática o sindical independiente. Este contexto internacional forma parte integrante de la comprensión de la crisis: las sociedades occidentales que hoy se preguntan sobre las causas de las dificultades de integración llevan al mismo tiempo una gran responsabilidad histórica en las desigualdades económicas y el mantenimiento de los regímenes que engendraron a estos refugiados y crearon en ellos esa profunda relación de desconfianza y miedo hacia el Estado.

En regímenes tan represivos y corruptos, resulta completamente natural que la gente intente sortear al Estado en lugar de cooperar con él. Evitan los procedimientos oficiales, eluden las leyes y el pago de impuestos, buscan vías informales para realizar sus trámites, y se apoyan en redes de relaciones personales, familiares y regionales en lugar de en instituciones públicas en las que nadie confía. Esto no es una especificidad cultural hereditaria en el sentido esencialista simple. Es, en su mayor parte, la consecuencia lógica de una larga experiencia histórica transmitida con un Estado que sistemáticamente reprimió y saqueó a la sociedad en lugar de servirla.

Esta complejidad se enriquece con otra dimensión que el debate público suele ignorar: muchos refugiados no solo llevan consigo una experiencia política con el Estado autoritario, sino también traumas de guerra, desplazamiento y persecución que proyectan una sombra profunda sobre su capacidad de confiar en cualquier institución. Esta dimensión psicológica no se trata con la sola explicación institucional; requiere un apoyo especializado que debería ser parte integrante de cualquier política de integración seria.

El Estado de bienestar: un modelo nacido de la lucha de clases

Cuando estos refugiados llegan a Dinamarca, se encuentran ante un modelo radicalmente diferente de todo lo que han conocido. Aunque el Estado moderno sigue siendo en última instancia parte de una estructura social de clase dentro del sistema capitalista, reposa en Dinamarca y en los países escandinavos en general sobre instituciones democráticas, elecciones libres e independientes, una transparencia institucional relativamente elevada y reglas jurídicas aplicadas de manera ampliamente igualitaria a todos, independientemente de su pertenencia o fortuna — un modelo que no es comparable en modo alguno a lo que vivieron en sus países de origen.

Sin embargo, reconocer estos logros no significa ignorar el carácter de clase del Estado danés. Pues es en última instancia un Estado capitalista que funciona dentro de un sistema económico que concentra la riqueza y reproduce las desigualdades sociales. La enseñanza pública gratuita, la atención sanitaria universal, el sistema de seguridad social y las leyes de protección de los trabajadores no nacieron con el Estado danés; fueron arrancados a lo largo de largas décadas de luchas sociales y organizativas entre los trabajadores y el capital, y nunca fueron una concesión voluntaria de la clase dominante. Conviene señalar que este modelo escandinavo — el Estado de bienestar — ha experimentado un retroceso notable desde los años noventa, cuando los partidos socialdemócratas comenzaron a derivar hacia el centro liberal, abandonando progresivamente las prioridades que habían forjado este modelo en favor de la gestión del capitalismo en lugar de su cuestionamiento.

Estos logros no están protegidos para siempre. Están siempre expuestos a la erosión cuando el movimiento de izquierda y sindical se debilita y su presencia en el espacio público retrocede. La historia del capitalismo demuestra que el capital no renuncia voluntariamente a lo que le ha sido arrebatado, y que todo retroceso en la fuerza de la organización colectiva abre una ventana para reducir de nuevo estos derechos bajo pretextos renovados. Así, la preservación y el desarrollo de estos logros están, en cada generación, condicionados por la vigilancia de los movimientos de izquierda y progresistas, la continuidad de su organización y su participación política activa.

Esta verdad histórica es la clave fundamental para comprender la naturaleza del Estado danés. Cuando se le dice a un migrante o refugiado que el Estado aquí es «diferente», este discurso sigue siendo abstracto si no va acompañado del contexto histórico que produjo esa diferencia: movimientos obreros organizados, huelgas y manifestaciones, negociaciones colectivas, y una lucha política que se extendió durante generaciones antes de conducir a este nivel de derechos sociales.

Este Estado se apoya también en un sistema jurídico basado en los principios de los derechos humanos, que incluye la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la separación entre religión y Estado, la protección de los derechos de los niños, y el derecho de todos los ciudadanos y residentes a la educación, la atención sanitaria y la dignidad humana, independientemente de su estatus social o económico. Para muchos refugiados provenientes de sociedades donde estos derechos no gozan de suficiente protección jurídica, asimilar estas reglas y comprender su lógica no es una simple adaptación cultural, sino una parte esencial de la comprensión de la propia naturaleza del Estado democrático laico y de su modo de funcionamiento.

Uno de los resultados más destacados de este sistema es que la mujer migrante procedente de entornos donde las mujeres sufren discriminación jurídica y restricciones sociales estrictas se encuentra ante un sistema de derechos que le garantiza una protección más amplia en los ámbitos del trabajo, la educación, el divorcio, la custodia de los hijos y la libertad de movimiento. A menudo descubre por primera vez derechos legales de los que había sido privada.

La gran mayoría de los refugiados se adapta progresivamente a este modelo e interactúa con él de manera positiva y activa. Aprenden a confiar en las instituciones públicas, entran en el mercado laboral, pagan impuestos, participan en la vida comunitaria y crían a sus hijos dentro de este sistema. Muchos de ellos se han convertido en actores en todos los engranajes de la sociedad danesa, especialmente en sectores económicos vitales como la atención sanitaria, los servicios, el transporte, la construcción y las industrias alimentarias — sectores que dependen ahora de manera sustancial de esta mano de obra, sin la cual se paralizarían servicios esenciales de los que se beneficia el conjunto de la sociedad.

En ciertos sectores, la mano de obra de origen extranjero representa ya la gran mayoría de la fuerza laboral, pues estos sectores exigen disposición a trabajar en condiciones penosas y largas jornadas. Esta contribución económica real rara vez encuentra su camino en el debate político público, obsesionado con los aspectos negativos; es una contribución que merece ser reconocida y valorada, no ignorada.

Hay que señalar también que la integración en el mercado laboral no tropieza únicamente con obstáculos provenientes de los propios migrantes. Las investigaciones demuestran la existencia de una discriminación estructural real: los candidatos con nombres extranjeros son rechazados a tasas más elevadas que sus homólogos con nombres daneses, independientemente de sus cualificaciones. Esta discriminación no es un problema individual, sino un sesgo estructural dentro del mercado laboral capitalista; remediarlo exige legislaciones estrictas y presión sindical organizada.

Existe sin embargo una pequeña minoría que permanece más tiempo prisionera de la antigua experiencia con el Estado y de la herencia patriarcal autoritaria, tratando el sistema danés con la lógica de lo que estaba acostumbrada en su antiguo país: recurso al trabajo informal, intentos de eludir las leyes, dependencia de redes informales en lugar de instituciones públicas, o intentos de imponer restricciones a las mujeres en la familia y en la educación de los hijos que contradicen el sistema de derechos que la ley danesa garantiza a todos. En algunos casos, no se trata solo de la relación con el Estado, sino de la presión de la comunidad, la secta y la religión, que forma un poder paralelo que compite con el de las instituciones públicas e impone a los individuos — especialmente a las mujeres y los niños — una conformidad con normas que contradicen el sistema de derechos danés. Este poder comunitario paralelo requiere un tratamiento independiente para el que la sola explicación institucional no basta.

Las políticas de integración y la problemática de la comprensión del Estado

El fracaso de integración de esta minoría suele explicarse en el debate político dominante como un problema cultural o religioso fundamental que justifica más restricciones, más pruebas y más condiciones. La explicación más matizada y realista es que la cuestión es, en muchos casos, una penosa transición de una concepción profundamente arraigada del Estado como aparato de represión y corrupción a una concepción radicalmente diferente que lo ve como una institución de solidaridad social que merece confianza y participación. Quienes provienen de experiencias autoritarias necesitan tiempo e inversión real para comprender que la relación entre la sociedad y el Estado en Dinamarca se asienta sobre reglas totalmente diferentes a las que vivieron.

Las actuales políticas de integración danesas no abordan esta dimensión fundamental de manera suficiente. En lugar de centrarse en explicar la naturaleza de las instituciones estatales, sus mecanismos de funcionamiento y la historia de lucha que las produjo, se ha acumulado en los últimos años, bajo una presión creciente de la derecha y la ultraderecha, una política de integración orientada hacia el endurecimiento de las leyes, la ampliación de las pruebas de valores y la imposición de restricciones crecientes sobre la residencia y ciertos derechos sociales. Políticas que parten del supuesto de que el refugiado en general es un problema a contener y controlar, en lugar de un ser humano que lleva una experiencia histórica compleja que necesita ser comprendida y tratada con seriedad.

Este enfoque no solo fracasa en lograr la integración. Puede reforzar en algunos refugiados la antigua imagen del Estado como una entidad hostil que los acecha — lo cual es exactamente lo contrario de lo que las políticas de integración declaradas pretenden lograr.

En cambio, una verdadera integración requiere una explicación clara del funcionamiento de las instituciones estatales basadas en la ciudadanía, del vínculo orgánico entre los impuestos y los servicios públicos, y del papel de los sindicatos y las leyes laborales en la protección de los trabajadores. El aprendizaje de la lengua es sin duda necesario, pero por sí solo no basta para comprender la sociedad. Comprender el Estado y sus instituciones, y comprender la relación entre los derechos sociales y los deberes comunes, no es menos importante que la capacidad de hablar danés.

La participación en la solidaridad social

Entre los conceptos que necesitan ser reformulados en el contexto de la integración figura el del trabajo informal, conocido en Dinamarca como «trabajo en negro». En algunos países, trabajar sin registro ni pago de impuestos se considera algo natural y necesario para la supervivencia, y a veces se percibe como una forma de resistencia contra un Estado corrupto que no merece ser financiado. Esta lógica es históricamente comprensible en el contexto de los regímenes autoritarios que se apropian de los impuestos en beneficio de los gobernantes y no al servicio de la sociedad.

Sin embargo, una gran paradoja no puede ignorarse: los propios dueños del capital danés recurren a la evasión fiscal y al trabajo informal mediante métodos mucho más sofisticados y de una envergadura sin comparación posible, a través de paraísos fiscales, sociedades ficticias y lagunas jurídicas elaboradas a su medida. Concentrar la crítica pública y política en las prácticas de una minoría de migrantes mientras se cierra los ojos ante la evasión fiscal de la clase capitalista no es una posición neutral ni de principios — es un uso político evidente para desviar la atención de las contradicciones estructurales del sistema y hacer recaer sobre el eslabón más débil la responsabilidad de crisis que no ha creado.

No obstante, en un país como Dinamarca que se apoya en un sistema fiscal progresivo colectivo, arrancado mediante la lucha y protegido por la organización, para financiar los servicios públicos, el trabajo informal no significa solo una infracción legal, sino el debilitamiento del sistema de solidaridad social construido a lo largo de generaciones. Cada impuesto pagado aquí va a las escuelas, los hospitales, las infraestructuras y el sistema de seguridad social del que todos se benefician, incluidos los propios refugiados.

Cuando una persona comprende este vínculo orgánico entre lo que paga y lo que recibe la sociedad, pagar impuestos se convierte en un acto totalmente diferente. Ya no es una sumisión a un poder exterior; se convierte en una participación voluntaria en un sistema de solidaridad social del que todos se benefician.

Lo mismo ocurre con los intentos de eludir las leyes. En los regímenes autoritarios, la gente puede ver en la resistencia al Estado una forma de legítima defensa, e incluso de oposición legítima a un régimen corrupto. En una sociedad basada en instituciones públicas comunes, estas prácticas debilitan la confianza mutua entre la sociedad y el Estado, y reducen los recursos de los que dependen las escuelas, los hospitales y los servicios públicos de los que todos se benefician.

La misma lógica se aplica al fenómeno del absentismo laboral y las falsas declaraciones de enfermedad para obtener prestaciones sociales sin tener derecho a ellas. En países donde el Estado saqueaba a los ciudadanos, apropiarse de las ventajas del sistema social puede percibirse como una manera de recuperar los propios derechos o de vengarse de un poder injusto. Pero esta lógica se invierte completamente en una sociedad basada en la solidaridad social, a pesar de su carácter de clase: estas prestaciones no provienen del tesoro de un déspota; están financiadas por los impuestos de los trabajadores manuales e intelectuales que construyeron este sistema a lo largo de décadas de lucha colectiva. Sustraerse a ellas no perjudica al Estado como institución abstracta; perjudica a la solidaridad social de la que todos se benefician, incluidos los propios refugiados.

Más grave aún, estas prácticas erróneas — aunque emanen de una pequeña minoría — ofrecen a la derecha y la ultraderecha un pretexto de oro para reforzar su discurso racista y retratar a todos los migrantes como una carga para la sociedad. Es un discurso que utilizan en última instancia para justificar la reducción de los logros sociales que afectan a todos — tanto a los habitantes autóctonos del país como a los migrantes. Por ello, es en el propio interés de los refugiados, antes que cualquier otra consideración, ser los más atentos a preservar estos logros y no proporcionar ningún pretexto a quienes buscan desmantelarlos.

Una verdadera integración: una experiencia social y una responsabilidad compartida

Por todas estas razones reunidas, las políticas de integración pueden incluir ejemplos prácticos y concretos que acerquen estos conceptos a la realidad cotidiana: cómo se financian las escuelas y los hospitales con los impuestos, cómo obtiene el trabajador o la trabajadora sus derechos a través de los contratos laborales formales y los sindicatos, cómo protegen las leyes a los trabajadores cuando el trabajo está declarado. Este aprendizaje puede reforzarse fomentando la participación de los refugiados en la vida política, cívica y sindical, así como en las asociaciones locales y las actividades comunitarias.

Cuando la gente ve cómo funcionan las instituciones democráticas en la vida cotidiana, y cómo las organizaciones de izquierda, los movimientos obreros, sindicales y sociales han sabido arrancar amplios derechos sociales mediante la organización colectiva, la integración se convierte en un verdadero proceso social en lugar de un mero compromiso administrativo o un examen de valores impuesto por el Estado desde el exterior.

La integración es una responsabilidad compartida, eso no cabe duda; pero la distribución de esa responsabilidad no puede ser igualitaria. El Estado con sus instituciones y los medios de comunicación llevan la mayor parte de esta responsabilidad, pues poseen las herramientas, los recursos y el poder necesarios para dar forma a las políticas y moldear la conciencia pública.

El Estado debe invertir en explicar la naturaleza de sus instituciones y su historia de lucha, en lugar de conformarse con imponer pruebas de valores y endurecer las leyes. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad particular: tienen el deber de centrarse en los numerosos aspectos positivos del proceso de integración y ponerlos de relieve, en lugar de amplificar ciertas prácticas erróneas que siguen siendo la excepción y no la regla, y que ahondan la división social.

Por su parte, el reducido número de refugiados que siguen mirando al Estado a través del prisma de sus experiencias pasadas necesita una verdadera revisión de esa imagen. El Estado en Dinamarca, a pesar de sus carencias y contradicciones de clase que no pueden negarse, no es un aparato de corrupción y represión cotidiana como muchos conocieron en sus antiguos países. Es, en gran medida, una institución pública que garantiza los derechos fundamentales, proporciona amplios servicios sociales y protege la ley para todos.

Esta diferencia fundamental es precisamente lo que esa minoría necesita asimilar. Respetar las leyes, declarar el trabajo, pagar los impuestos e interactuar con las instituciones públicas con transparencia no son simples obligaciones legales impuestas por un poder exterior, sino que constituyen una forma de participación efectiva en un sistema de solidaridad social que se ha formado a lo largo de largas décadas de lucha de los trabajadores manuales e intelectuales, los movimientos de izquierda, sindicales y sociales.

La participación política

Es precisamente desde este punto de partida que la participación en las elecciones se convierte en un deber necesario hoy. El voto es una herramienta de influencia real sobre las decisiones que afectan la vida de todos a diario: desde los servicios de salud y educación hasta las leyes laborales y las políticas de vivienda. Los daneses de origen extranjero que se abstienen de votar dejan el campo libre a voces que moldean las políticas en su perjuicio y alimentan el discurso racista que los retrata como una carga y no como socios.

En las elecciones del 24 de marzo de 2026, ninguna opción de izquierda radical independiente figuró en la papeleta de voto, lo que sitúa al elector de izquierda ante una elección táctica ineludible: votar por las fuerzas de izquierda parlamentarias más defensoras de los derechos de los trabajadores manuales e intelectuales y más opuestas al discurso racista, manteniendo al mismo tiempo una responsabilización constante sobre sus contradicciones — en particular su apoyo a un gasto de defensa creciente que drena los recursos de las escuelas, los hospitales y el sistema de protección social. Es una apuesta táctica, y no una aprobación sin reservas.

Pero el parlamento es solo uno de los escenarios importantes de la lucha. La organización sindical, el trabajo comunitario y la presión popular desde fuera del parlamento son lo que históricamente ha creado los logros sociales y lo que los protege hoy. Quien ha vivido durante mucho tiempo bajo un Estado que robaba sus votos y aplastaba su organización dispone hoy de una doble oportunidad: depositar su papeleta en la urna y comprometerse en la organización colectiva sindical y comunitaria — pues el cambio radical nunca ha venido de las urnas electorales solas, a pesar de su importancia.

En conclusión, hay una pregunta a la que no se puede eludir: ¿cómo llamar al migrante a integrarse en una sociedad que describimos al mismo tiempo como una sociedad capitalista de clase? La respuesta es que esta sociedad, a pesar de su carácter de clase, no es una sociedad monolítica y homogénea. Es un campo de lucha en el que los trabajadores manuales e intelectuales y la izquierda han arrancado, a lo largo de generaciones, verdaderos derechos sociales. La integración aquí buscada no es una capitulación ante el sistema existente ni una aceptación de sus condiciones tal como son. Es un compromiso activo en esa misma lucha. El migrante que paga sus impuestos, se afilia a su sindicato y participa en la vida política adquiere las herramientas de la lucha socialista y se convierte en un socio en el proceso de transformación de esta sociedad — y no simplemente en un beneficiario de sus logros. La integración y la lucha socialista son las dos caras de una misma moneda en la experiencia de todos quienes han luchado por una sociedad más justa a lo largo de la historia.